17 diciembre, 2014

Es una mejora de la actual ley que lleva 23 años de vigencia, aprobada en 1992 por el Gobierno socialista de Felipe González y conocida como “Ley Corcuera”.

Protege el derecho de manifestación, penalizando como infracción grave las acciones violentas que ponen en peligro su ejercicio.

Se garantiza la proporcionalidad de las penas: las faltas más graves se tipificarán como delito y las más leves como sanciones administrativas.

Se tipifican acciones como el proxenetismo, que antes eran impunes y ahora estarán penadas con el ingreso en prisión.

Prohíbe por ley las identificaciones indiscriminadas o por perfil étnico y regula por primera vez los cacheos.

Protege los derechos de los inmigrantes al mismo tiempo que garantiza la inviolabilidad de las fronteras.