27 noviembre, 2013
La Ley de Transparencia permitirá que todos ciudadanos sepan cómo las administraciones gestionan el dinero público de sus impuestos.
Esta ley pionera se extiende a todos los partidos políticos, sindicatos, patronal y Monarquía para evitar y combatir la corrupción.
Se refuerzan las sanciones contra el despilfarro y la mala gestión de los recursos públicos y se fija un baremo sobre retribuciones de cargos públicos.
Por primera vez, la elaboración de una ley se ha abierto a la participación ciudadana directa a través del Portal Digital de la Ley de Transparencia.
Esta ley sitúa a España entre los países occidentales con mayor nivel de transparencia y potencia la regeneración institucional y política.
Rubalcaba se opuso en el gobierno a dotar a España de una Ley de Transparencia, y el PSOE se ha opuesto a su tramitación en esta legislatura.
Se aprobará por primera vez con rango de ley un Código de Buen Gobierno destinado a todas las administraciones públicas.
Con el Plan Nacional de Regeneración Democrática se recupera la responsabilidad penal de los partidos que el Gobierno socialista eliminó en 2010.
La reforma de la Ley de partidos políticos exige controlar las donaciones que reciben los partidos, introducir normas de contratación específicas y controlar sus cuentas para que sean más claras.
La reforma del Código Penal introduce por primera vez el delito de financiación ilegal de los partidos y endurece las penas contra el tráfico de influencias.
La reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal agiliza los procedimientos, revisando el sistema de recursos y mejorando las medidas de investigación.
Además se ha impulsado la reforma de la Ley de contratos públicos y de la Ley de prevención del blanqueo de capitales.